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España y la Unión Europea. Una reflexión al respecto

Sería oportuno que hablásemos de las relaciones entre España y de la UE, desde una reflexión de evolución histórica que contemplase el proceso de pertenencia al club europeo de España y el devenir en su seno.

Y para ello, me gustaría empezar con una reflexión. El franquismo, llegado el momento, optó por no seguir industrializando, y con ello extendiendo el sindicalismo y la fuerza de partidos obreristas en la clandestinidad, un elemento natural del fordismo. Además de que burgueses catalanes y vascos compartieron intereses y arriesgaron capital para el alzamiento de 17/18 de julio de 1936, y los favores, obviamente se pagan, además de ser las piezas claves de la industrialización a partir sobre todo de Cánovas del Castillo y la formalización del «concierto económico» para las Diputaciones vascas. Al respecto, los vascos mejor posicionados económicamente alcanzaron la concesión de una merced, cosa que les permitió escabullir su riqueza a los funcionarios de Hacienda y aumentarla. Y en ello fue clave un Consejo de Ministros presidido por Cánovas del Castillo, que aprobó la concesión de los Conciertos Económicos.

El artículo 3.° de la Ley 21 de julio de 1876 establecía que las tres provincias del País Vasco contribuirían a los presupuestos públicos «en la proporción que les corresponda». Pero en ellas, debido a la recién acabada guerra carlista y, sobre todo, a la secular ausencia de tributación directa sobre los bienes y las personas, no existían registros de los bienes urbanos ni rústicos, ni de la nueva riqueza que estaba surgiendo, como los astilleros y las siderurgias. El Gobierno conservador, que además quería ayudar al sector llamado transigente, que gestionaba de manera interina la Diputación de Vizcaya, para restar tuerza a los intransigentes, optó por una vía lenta para fijar los impuestos y en la que se diera la impresión de que las instituciones locales obtenían concesiones. El método escogido se denominó de «concierto económico».

Este sistema consiste en que el Estado establece con las Diputaciones una aportación o cupo a las cargas públicas y les cede la potestad sobre unos impuestos, que se llaman concertados. Las Diputaciones emplean a sus funcionarios para recaudarlos y se limitan a entregar el cupo; el remanente se lo quedan ellas.

También en la época de Antonio Cánovas del Castillo, donde también movido por la necesidad de granjearse el apoyo de grupos de poder peninsulares que consolidaran la Restauración, sumando las necesidades de armonizar un capitalismo en una fase expansiva que traía tanto conflictos de clases como entre naciones, y que significaba a la postre, mediante el proteccionismo y medidas económicas y de organización como el Concierto Económico, la definición de España, puestas las bases de un sistema social y político tradicional, en la que estábamos ante un enclave cerealista y que proveían a Cataluña y a las provincias vascas, industrializadas. De hecho, en su obra recoge la discusión económica liderada por John Stuart Mill y popularizada por Sidgwick, quien, en palabras del propio Cánovas;

Sidgwick ha ampliado bastante, según se ve, aquella concesión primera de Stuart-Mill, a que también he aludido ya, de que los derechos protectores podían ser aconsejados por la economía política, cuando temporalmente se establecieren, con el fin de nacionalizar una industria extranjera susceptible de medrar en tal o cual pueblo, dentro de sus condiciones particulares.

De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista (1891, 605)

Ya dentro del contexto de la proclamación de la Segunda República España y su instauración, en palabras de Soledad Bengoechea, «el miedo de una gran parte de la clase obrera a expresarse libremente desapareció (…) Muchos trabajadores que hasta entonces se habían mantenido al margen del sindicalismo o que habían militado en los Sindicatos Libres ingresaron en el sindicato confederal [CNT]». Y añade Bengoechea, en la misma fuente enlazada:

Los anarcosindicalistas aprovecharon las posibilidades que les ofrecía la nueva situación para tratar de alcanzar una serie de mejoras, como mínimo para recuperar las que habían conseguido durante años de lucha anteriores a la Dictadura. Al iniciarse la Segunda República la situación de la clase obrera era deplorable. En las industrias de la construcción y el metal el paro era muy elevado, después de acabadas las obras del metro y de la Exposición Universal de 1929. Durante el primer año de instaurado el nuevo régimen la conflictividad social fue muy intensa. Los sectores que más huelgas plantearon fueron el metal, la construcción y el textil, los ramos más importantes de la economía catalana del momento. El segundo año la pugna remitió, para volver con un mayor empuje en 1933, el año más conflictivo de todo el período republicano. A causa de la nueva legislación, la gran mayoría de paros decretados por la CNT eran ilegales, y este sindicato se negaba a acudir a cualquier mediación conciliatoria. Ello provocaba un distanciamiento real entre la militancia cenetista y el régimen. Y el Gobierno temía detener a los promotores de los conflictos, por miedo a entrar en una guerra con la CNT, que tenía afiliada la mayoría de la clase obrera barcelonesa. Pero si no respondía con autoridad se desprestigiaba. De ahí que esta cuestión fuese de difícil resolución.

Y así reaccionaba en Cataluña y en el conjunto del Estado, también siguiendo a Bengoechea:

La conflictividad laboral creaba un profundo malestar entre diversos sectores sociales y las clases conservadores consideraban que el gobierno autonómico no actuaba con la suficiente autoridad y que la policía no era capaz de reprimir a los huelguistas con la suficiente mano dura. Bajo esta percepción, muchos empresarios volvieron la vista atrás, a los años inmediatamente anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Por ello, como entonces, se fraguó la propuesta de crear una milicia de elementos conservadores que supuestamente salvaguardaría el orden en la ciudad. Igualmente, esta sensación de indefensión fue el motor que había impulsado a la patronal a agruparse de nuevo: “al començament dels conflictes els patrons anaven sols, aïllats, però ara s’agrupen i estan disposats a arribar allà on calgui”, como señalaba la patronal del textil el 8 de agosto de 1931.

Por ejemplo, el abogado y político barcelonés Antonio Goicoechea que solicitó a los italianos ayuda financiera para pagar a los pistoleros que sembraban y propulsaban la inquietud social. Francesc Cambó recaudó importantes sumas de dinero. La financiación corría desde créditos de entidades y sociedades externas, en ejemplos de que la «conspiración contra la legalidad republicana» no era una trama «solo militar sino también civil», apunta desde el siguiente artículo. Un complot latente «siempre» desde 1931 y que «revivió súbitamente» en marzo del 36 tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales. O, por ejemplo, CASTELLS, Luis y GRACIA, Juan, «La nación española en la perspectiva vasca», que recogen una editorial de 1968 de El Correo Español donde se hace hincapié en la «esencialmente vasc[a]» de la dictadura: «vascas fueron las dos principales provincias que se alzaron contra la República (…); vascos fueron los preparadores del Movimiento Nacional (Maeztu, Goicoechea, Sangróniz, etc.) y si contemplamos el nomenclátor de políticos que nos han gobernado desde aquellas fechas, observamos una interminable lista de nombres vascos (Bilbao, Castiella, Careaga, Arístegui, Bengoa, etc.), de donde puede deducirse que si los vascos estamos oprimidos quienes nos oprimen son tan vascos como nosotros mismos».

En lugar de seguir esa senda, se optó por usar la segunda vivienda, la especulación inmobiliaria vinculada con la concentración de trabajadores que acudían a los principales polos económicos del Estado, el capitalismo financiero español movió el dinero hacia ese modelo, que permite un modelo “antifordista”. Es más difícil orientar el pensamiento de las clases bajas hacia los modelos de sindicato y partido obrerista cuando el motor económico es el sector servicios, hay episodios de paro recurrentes, pero se crean mecanismos para sobrellevarlos. Este aspecto era muy interesante para el franquismo desde muchos aspectos. Por cierto, que esto también le interesaría a Estados Unidos. Porque así evitaba un escenario parecido al de Francia o Italia después de la Segunda Guerra Mundial en el momento en el que España se encuadrase en el statu quo de la Europa Occidental.

Al respecto, sí que quisiera dejar esta reflexión. Entrar en Europa, entonces la CEE, implicaba para España y para cualquier país que quisiera hacerlo, una apertura del comercio, una liberalización del mercado de bienes y servicios y una libre movilidad de capitales. España, al igual que la inmensa mayoría de países en aquel momento no está en condiciones. Es lo que Krugman llama, “La gran divergencia”. En la década de los años 70 del siglo XX, primero y más fuertemente en Estados Unidos, en menor medida en Canadá, y sumándose después los países de la Europa Occidental, la desigualdad en los ingresos económicos y, por ende, la desigualdad social empezó a crecer. El término escogido por Krugman se opone a la llamada “Gran convergencia”, consecuencia del New Deal. Es el resultado de la aplicación del neoliberalismo. Recomendable este «paper» al respecto.

Esto para España, y para muchos países, implica reconversión industrial, que resulta un proceso muy duro, debido a que la industria española es una industria no consolidada para esta fase económica; esto repercute en la desindustrialización y la concentración en un modelo que, como ya decía anteriormente, ya se estaba formando: la España del ladrillo, concentrada en segundas residencias para los polos fordistas y administrativos, el sector servicios, el turismo y la especulación del suelo sobre todo, como consecuencia inmediata y lógica, pero ahora mucho más extendida.

Así, por ejemplo, entre 1986 y 1992 hubo una burbuja inmobiliaria que afectó ante todo a los precios, pero no tanto al volumen total construido. Esto coincide con la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que es de 12 de junio de 1985, y que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Es interesante cómo en ese momento España también logra el 17 de octubre de 1986 en Lausana que el COI proclame a Barcelona vencedora para organizar los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, cosa que supuso la liquidación de una parte del modelo industrial que tenía Barcelona y su transformación en una de las abanderadas de España, junto a Madrid, de un modelo de ciudad global neoliberal. También Sevilla gana la asignación para organizar la Exposición Universal en 1982 para celebrarla en 1992, siendo ocasión para inversión en infraestructuras, etcétera.

La siguiente burbuja inmobiliaria corresponde al ciclo que abarca 1997-2007/2008, pero de una manera más destacada a partir de 2002. En este momento, dentro del ciclo 2002-2007, la deuda privada se multiplica, pues pasa de 1,1 billones de euros a 3,2 billones de euros (del 155% al 300% del PIB). Esto es precisamente consecuencia del mal diseño del proceso de Unión Monetaria de la UE. Lo que explica este acelerón correspondiente al año 2002 es que el Banco Central Europeo rescató a Alemania ese año, ya que Alemania se vio expuesta a un problema doble: por un lado, la masa de dinero que costó a la RFA absorber a la RDA, además de la liquidación de todas las empresas del este que eran inasumibles para las empresas de la RFA. Es difícil de precisar cuánto dinero ha costado, ya que se hablan de cifras que bailan entre los dos billones de euros, hasta los 1,3 trillones de euros. En todo caso, lo que es evidente es que la UE ha sostenido como conjunto a la RFA en esta operación. Además, en 2002 sucedió que Alemania tenía una gran sensibilidad al estallido de la Burbuja tecnológica de las “.com”. A partir de ahí, vino una contracción y, en vez de activar una política fiscal para impulsar la demanda interna alemana, lo que se hizo fue implementar una política monetaria muy expansiva. Como consecuencia, se bajan los tipos de interés hasta el punto de que en España el dinero tiene precios en negativo. Esto es lo que explica la gran expansión de la burbuja inmobiliaria, ante todo en el ciclo 2002-2007. Además, desde la política española nadie, ni el gobierno de Aznar ni tampoco el de Rodríguez Zapatero, le puso freno. Se habló por parte de varios ministros del gobierno de Zapatero de tratar de pinchar paulatinamente esa burbuja. ¿Dónde se aprecia el impacto de esta burbuja? Las sociedades financieras en 2002 tienen una deuda sobre el PIB del 19,3%, para que en 2007 sea del 92,5% del PIB, y del 107,3% en 2011. Es decir, los depósitos españoles no podían financiar esta burbuja a partir de 2002, de enorme tamaño, así que había que introducir deuda de los mercados capitalistas financieros.

Los resultados en empleo, generación de impuestos, actividad, etcétera eran muy buenos, consecuencia de la burbuja que captó esa expansión tan enorme de la política monetaria del Banco Central Europeo y de los bancos alemanes, franceses, anglosajones, etcétera. Pero esos buenos datos en empleo y en recaudación por diferentes vías, tremendamente cortoplacistas y debidos a la burbuja, eran un buen aval para ganar elecciones tanto para PP como para PSOE. Además, el acceso a deuda también implicó contratos públicos adjudicados a empresas concesionarias para construir infraestructura, que tampoco es que fuera estratégica, pero sí que engrosaba balances del establishment español. No obstante, como es natural, los datos de competitividad y productividad iban de mal en peor, debido a la naturaleza cada vez menos industrial y más apegada a la especulación del suelo, el turismo, la restauración, etcétera. Además, la subida del coste de la vida, fruto de un mayor empleo, comportó un aumento del consumo; la subida de precios del metro cuadrado en un mercado inmobiliario alcista en la vivienda, tanto de alquiler como de compra, implicó que se hizo necesario recurrir a vías de crédito para apuntalar unos salarios que no crecían al ritmo del coste de vida. Todo ello según Richard Koo, que es economista jefe de Nomura Research Institute, Ltd.

Respecto a la deuda pública España pasó del 40,2% del PIB en 2007 a superar el 100%. Esto se debe también al hecho de que en Europa no existe ni una Unión Fiscal ni tampoco una Unión Bancaria. En 2008 en todos los países de la Unión Europea había autonomía fiscal con una alta asunción de responsabilidades. Ante esta situación, en España, en lugar de que sea el sector privado el que asuma las responsabilidades de su mala gestión y muy malas decisiones, sucede que se produce un “rescate” por parte del Estado ya que no hay quita, hay ayuda estatal.

Así, la otra cara de la moneda de este activo del Banco de España, pues la deuda de la banca y la tenencia de bonos se contabilizan como activo del Banco de España, en la misma cuantía, es el pasivo de la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos. La cifra, que alcanzó los 670.521 millones de euros, equivale a más del 60% del PIB previsto para la economía española en 2020, que según todas las estimaciones caerá más del 10% respecto al año pasado. La principal magnitud en esta parte es la del sistema de pagos instantáneos Target, a través del que se liquidan grandes transacciones entre entidades con cuentas en el banco central, y que alcanza el máximo de 445.632 millones. Atención porque la deuda es a través del Banco de España. los préstamos del Banco Central Europeo han acabado en el pasivo del Banco de España, con lo que España adeuda estas cantidades y responde de ellas. Pueden repasar esas cifras para comprender la situación en la que se halla España y la difícil salida que tenemos realmente. Para otros aspectos sobre cómo el sur ha financiado a Alemania o Países Bajos, es recomendable este artículo de Juan Laborda. Sobre las deudas que Alemania nunca pagó, es recomendable leer este artículo de la BBC.

Corea del Sur partía de una situación incluso peor que la nuestra en la última parte del siglo XX, pero hizo justo lo contrario de lo que nosotros hicimos como conjunto de país. Se decidieron por un intervencionismo estatal, un desarrollo industrial apuntalando los sectores que creían relevantes y estratégicos para ellos y todo ello impulsado financieramente por una banca pública muy activa, para poderlo llevar a cabo.

Nuestras élites escogen, como país, apostar por los pilares de el sector servicios, el turismo y la especulación del suelo sobre todo, y liquidan la industria. Esto ofrece las ventajas de sintonía con la hegemonía neoliberal de Estados Unidos, el acceso a capitales financieros, la rápida especulación y la transformación sociológica definitiva y paulatina de España en un país cada vez más a la derecha en lo económico, mientras la cosa ha funcionado para los de abajo. A su vez, esto ha impulsado la liquidación del sindicalismo y de los partidos de izquierda… es una versión “a la española” de lo sucedido en Estados Unidos con el giro hacia el neoliberalismo y el neoconservadurismo. Esto, es válido para España, pero ojo, con la salvedad del País Vasco. Con la desindustrialización hace mella el escenario de la “Gran divergencia” de Krugman, y entonces se hacen inversiones desde el conjunto del Estado para dirigirlos hacia el turismo, lo que hace que su economía algo se reactive. No obstante, los políticos vascos saben que ese panorama no es el deseado por la hegemonía y el establishment del País Vasco, y se preparan para industrializar partiendo de un tejido industrial propio, y apuestan por la industria de alto valor añadido, y las pymes reciben un doble esfuerzo: una voluntad política clara y planificada y las cajas de ahorros del País Vasco que impulsan el desarrollo, ahora concentradas en Kutxabank, optando por no salir a bolsa para no perder la base de implantación y negocio que tienen, tal y como reflexiona Esteban Hernández en un interesantísimo artículo. Es decir, un modelo a lo “Corea del Sur”, como hablábamos hace un momento. Resultado de ello es que la renta per cápita más alta de España la tiene el País Vasco, y más aún, donde hay más estabilidad laboral y mejores contratos, también. Donde se presenta el mejor modelo asistencial. Porque, y esto es muy importante comprenderlo en su magnitud, el modelo económico lo permite y es justo lo opuesto que vale para el resto del territorio nacional, grosso modo, con consecuencias opuestas en todos los aspectos.

Otro motivo de reflexión, y ahí es donde se hace relevante la apreciación que hace Mitterrand. El 23 de junio de 1982 François Mitterrand en cena con el rey don Juan Carlos I, donde el presidente de la República francesa dice que la suerte de euforia desatada en la prensa de ambos países con la posible incorporación de España al Mercado Común, que ya hemos dicho cuáles son los requisitos y cuál era la situación de España, estaba retratándose en los medios con una “visión demasiado simple, caricaturesca”, y aunque hablaba del sector agrícola español, sí que es cierto que advierte de que “si España entrara hoy en la CEE sería un desastre”.

Esto se manifestó en España en una suerte de Estado del Bienestar en la época de Felipe González que, en sus palabras, se basaba en la política de redistribución. Pero él explica cómo, cuando dice: “La nuestra no era por vía salarios porque nos salíamos de la competencia, era que la gente tenía acceso a la educación y a la sanidad, y que todo el dinero que le quedase, por poquito fuera, era dinero que se podía gastar”. Esto es así porque se ha liquidado la industria y se genera una redistribución de la renta basada en lo estacional del mundo agrario, de la construcción y del turismo.

A su vez, esta “redistribución” de la que habla Felipe González repercute en el capitalismo patrio que se había reforzado en sus características, porque ahora la gente gastaba ese dinero en esos sectores. A su vez, la eliminación del fordismo debilita la implantación del sindicalismo en su base, quedando tan sólo en la Administración Pública y en las grandes empresas que aún quedan, completándose mediante una segunda “distribución”, esta vez hacia los agentes sociales, lo que incluye a sindicatos y patronal, que a menudo se menciona una parte, los sindicatos, pero se suele excluir de este binomio a la patronal, con la dirección del Gobierno o de los gobiernos autonómicos en caso de darse circunstancias estructurales que así lo posibilitan, como la Administración Autonómica o allí donde quedan grandes industrias.

No es casualidad que el actual Secretario General de CCOO sea Unai Sordo, de Barakaldo y de la industria maderera vasca, y que José María Álvarez Suárez sea el Secretario General de la UGT, y que proviene de Cataluña y de Alstom. Entonces, la reflexión es la siguiente: ¿nuestras élites no deberían entonar algo del mea culpa, con la excepción de las élites industriales del País Vasco, en la situación actual, que ya es más difícil de sostener, además de por lo que viene? Lanzan partidos como Vox o Ciudadanos, y hablan de la patria. Y está muy bien hablar de la patria. Pero la patria se manifiesta en política exterior, se manifiesta en políticas culturales que incrementan tu poder blando, se manifiesta en tu capacidad industrial y tecnológica o en tus políticas sociales.

Todo esto al final lo que crea es un poder blando todavía mayor del que se tiene y una influencia mayor en los organismos internacionales. Es tal y como dice Nye, el “Smart Power”, término introducido en su libro “Soft Power: The Means to Success in World Politics”. Explica Nye que el poder inteligente o “Smart Power” no es ni duro ni blando. Es ambos. Al respecto, Suzanne Nossel lo aplica para Estados Unidos cuando dice que «el poder inteligente significa saber que la propia mano de los Estados Unidos no siempre es su mejor herramienta: los intereses de Estados Unidos se fomentan al reclutar a otros en nombre de los objetivos de Estados Unidos«. Es decir, cuando se está en condiciones de influir y reclutar a otros países, de una manera u otra, para lograr los objetivos. Y eso se logra mediante influencia. En el caso de España supondría mejorar y optimizar nuestras capacidades, además de ser muchísimo más relevantes e influyentes. Cosa que redunda en beneficios de todo tipo, tanto para el Estado como para el sector privado.

Trade Wars Are Class Wars

Para continuar profundizando en la cuestión de España y la Unión Europea, creo oportuno mencionar el libro de Matthew C. Klein y Michael Pettis que lleva el título de este subtema. El libro, que señala como uno de sus sillares la obra de John Hobson, Imperialism, A Study (1902), arranca explicando que «la lucha por los mercados, el mayor afán de los productores por vender que el de de los consumidores por comprar, es la prueba de una falsa economía. El Imperialismo es el fruto de esta falsa economía».

Es decir, que la globalización no es la causa de que las clases medias de Occidente se estén pauperizando en todas partes, más bien es que la desestructuración interna de ciertos elementos la que lleva a una globalización, motivada por necesidades geopolíticas y estratégicas y por mantener la hegemonía global eliminando competidoras, cosas de las que hablo con Esteban Hernández también en esta revista digital con motivo de su último libro, «Así empieza todo».

Es decir, que los desequilibrios dados dentro de cada país ha servido para que se produzcan transferencias de riqueza desde las clases medias y trabajadoras hacia las clases con más recursos. Cuando tienen que recurrir a un capitalismo de microconsumo y micropagos, por microsalarios en minitrabajos o no tan minis dadas las horas que hay que dedicar, sucede que no se pueden consumir todos los bienes que se necesitan ya que carecen de los recursos para hacerlo, entonces las clases que sí pueden empiezan a acumuar excedentes de capitales que no reinvierten en su país ya que no hallan rentabilidad, así que los llevan fuera, a otros mercados. No se invierte tampoco ni en inversiones productivas, ni en infraestructuras ni en bienes de producción.

Dichas transferencias que se hacen de abajo hacia arriba provocan toda una serie de efectos negativos en cualquier parte, pero el estudio de Klein y Pettis proponen el estudio de tres de ellos: Estados Unidos, Alemania y China. En China se produjo el fenómeno de tal forma que las transferencias desde abajo fueron a parar al Estado, llevando a una suerte de ciclo virtuoso por el que se generaba un crecimiento remarcable, pero hace unos 10 años este modelo empezó a sufrir cambios. ya que las transferencias que hacen los trabajadores chinos a sus élites empieza a distorsionar la economía de China porque reduce el poder adquisitivo y subsidia la producción afectando al consumo, cosa que afecta a la economía global porque se crean demasiados productos manufacturados y suben los precios de acciones, bonos y bienes raíces. Este bajo consumo de los hogares chinos destruye empleos en otras partes mientras que los valores de los activos se presentan con claridad inflados llevando a ciclos de auge, a los que le siguen ciclos de crisis y deuda.

En lo que respecta a Alemania y a Estados Unidos, durante los últimos decenios ambos países experimentaron un aumento de la desigualdad, con cambios de la distribución de los ingresos desde el trabajo hacia el capital y se ha buscado una fuerza de trabajo a la que se ha pagado menos fuera del territorio de la República Federal de Alemania, caso de Europa Central y del Este, a la que se podría añadir ahora los Balcanes. Los estadounidenses hacían lo propio, sólo que hacia México y China. Tanto Alemania como Estados Unidos experimentaron una fuerte bajada de impuestos y modificaron la leyes laborales. Y paradójicamente, Alemania se convirtió en el país con el superávit más alto del mundo, mientras que Estados Unidos pasó a ser el Estado con el mayor déficit del mundo.

¿Cómo explicar esta paradoja? Pues por el sistema financiero estadounidense, dotado de una flexibilidad, tamaño y captación de inversión extranjera que lo convirtió en el lugar más destacado a la hora de trasladar los excesos de capitales acumulados por las transferencias que en los países las clases medias y trabajadoras hacían a sus respectivas élites, porque la deuda soberana de Estados Unidos es abundante, fácil de negociar y sin riesgo de incumpliento, a ello se suma la formación del dólar como moneda fiat de reserva global a partir de finales de los años sesenta del pasado siglo XX.

Si entramos, siguiendo a Klein y Pettis, en el caso de Alemania, podemos relacionar esta economía con la española de una manera muy intensa. Las empresas alemanas iban aumentando su rentabilidad extrayéndola de sus trabajadores mediante la reducción de salarios y cotizaciones, junto a la reducción de las inversiones de capital en los hogares consecuente, a lo que se sumaba la subcontratación del trabajo y el traslado de líneas de producción a Europa Central y Europa del Este. Al mismo tiempo, el Estado redujo la inversión pública en la economía interior, y el resultado total llevó a que las diferencias de clases sociales y territorios se fueron ampliando, dando lugar a una fuerte concentración de riqueza. Así, el alemán, si tomamos la trampa engañosa de la estadística, es por promedio un 50% más rico que el italiano promedio y el 100% más rico que el promedio español. A su vez, la desigualdad ha aumentado exponencialmente dentro de la sociedad alemana, ya que el hogar promedio de Alemania es más pobre que el hogar promedio de España, y se sitúa a la altura de los polacos o griegos. Siempre de acuerdo con Klein y Pettis, que citan «una encuesta exhaustiva realizada por el Banco Central Europeo, según la cual los alemanes con ingresos más bajos tienen mucha menos riqueza neta que los estonios y que los húngaros que presentan bajos ingresos».

Con estas condiciones las empresas alemanas tuvieron que buscar fuera para evitar el consiguiente estancamiento del mercado, porque los alemanes que antes podían consumir, muchísimos de ellos han dejado de poder hacerlo, situándose antes del 2008 en una economía en la que el 25% del valor generado por el trabajo y el capital alemán había sido trasladado al extranjero. Entonces, las ganancias subieron porque los costes salariales estuvieron, como mucho, estables, mientras que los ingresos por exportaciones aumentaron en igualdad con el crecimiento global. Este gasto más reducido alemán comportó ingresos que se acumulaban en forma de excedentes y que pasaron íntegramente a usarse para la acumulación de activos financieros en el extranjero, cosa que daba un mayor impulso a la demanda extranjera de ciertos productos alemanes y aumentaron así la rentabilidad corporativa, pasando de centrarse en el mercado de la Unión Europea a llevar sus productos a China, Estados Unidos, Rusia, Brasil… Y entonces llegó el «Fuck the EU», es decir, Alemania, de Victoria Nuland y Pyatt en Kiev, por el que el mercado del lujo de Rusia experimentó limitaciones para Alemania. A ello se ha ido sumando la ofensiva estadounidense con Donald Trump y la evolución de China, el triunfo de Bolsonaro como síntoma de la pugna entre China y Estados Unidos por Latinoamérica, expulsando a Alemania de la ecuación.

El resultado fue que mientras esto duró los alemanes con más dinero, y las compañías que estaban bajo su control financiaban el gasto de los países europeos porque acumulaban billones de euros mediante activos financieros extranjeros, que a su vez tenían un rápido retorno, y permitía a los líderes políticos que recibían esas inyecciones de liquidez, en el descentralizado sistema español, las Comunidades Autónomas o las grandes ciudades, dotar de financiación a los ayuntamientos, de acuerdo con la ley hecha por el Presidente del Gobierno, José María Aznar, la llamada Ley del suelo de 1996… pero también hemos podido comprobar que también se ha financiado la maquinaria de grandes partidos muy apoyados por las empresas, como el Partido Popular, y que el Tribunal Supremo avaló la existencia de una doble contabilidad en el Partido Popular.

Después de la crisis, y siempre siguiendo a Klein y Pettis, realmente nada ha cambiado, porque los excedentes en Alemania y los Países Bajos han seguido siendo compensados por déficits en España y Grecia. Los países vecinos de Alemania, los llamados frugales, caso de Países Bajos o Austria, “se vieron obligados a copiar sus supuestos éxitos [de Alemania]. Desafortunadamente para ellos, y para el resto del mundo, adoptaron las patologías de Alemania: consumo deprimido, austeridad del gobierno, inseguridad laboral, subinversión y aumento de la desigualdad”.

En definitiva, no es tanto que estemos ante conflictos geopolíticos profundos o nacionalismos exacerbados que conduzcan a un enfrentamiento inevitable, para Klein y Pettis, pues explican que:

“La guerra comercial a menudo se presenta como un conflicto entre países. No lo es. Se trata de un conflicto principalmente entre banqueros y propietarios de activos financieros, por un lado, y los hogares comunes, por el otro; entre los muy ricos y todos los demás. El aumento de la desigualdad ha producido pérdida de empleos, un exceso de productos manufacturados y aumento del endeudamiento. Es una perversión económica y financiera de lo que se suponía que lograría la integración global. Durante décadas, Estados Unidos ha sido la mayor víctima individual de esta perversión. Absorber el exceso de producción y ahorro del resto del mundo, a costa de la desindustrialización y las crisis financieras, ha sido la carga exorbitante de EEUU. Pero los estadounidenses no son las únicas víctimas. Todos los pueblos del mundo sufren a causa de este acuerdo”.

La consecuencia es que la profundización de la globalización y la creciente desigualdad se han reforzado mutuamente, a la que se ha sumado la variable tecnológica:

“Las empresas de todo el mundo utilizan la competencia internacional como una excusa para conseguir salarios más bajos, regulaciones ambientales y de seguridad más débiles, regímenes fiscales preferenciales y transferencias regresivas. Aparentemente, exprimir a los hogares comunes ha sido mucho más fácil que aumentar la productividad, invertir en infraestructuras y mejorar la salud y la educación. Sin embargo, esto es insostenible porque los salarios deprimidos deben conducir a una combinación de menor consumo, lo que reduce el gasto total en la economía global, y mayor endeudamiento, que en última instancia es autolimitante y contraproducente. No es una coincidencia que, a lo largo de la historia moderna, los altos niveles de desigualdad hayan coincidido con altos niveles de deuda«.

Implicaciones

El pasado 3 de enero de 2021, el periódico La Vanguardia publicaba un artículo en que explicaba que «Grecia, Portugal y Polonia superan a España en I+D y la hunden en la cola europea«

El artículo explica que la inversión en innovación y desarrollo (I+D) en España, quinta economía europea, se sitúa en la posición 18 de los 28 estados miembros de la UE, incluyendo al Reino Unido en el 2019 en inversión en I+D respecto al PIB. Y de las últimas en la eurozona, y esto a pesar de que se viene aumentando en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años la inversión en esta partida, pero luego sucede lo que menciona el titular, y se da además la situación de que el Ejecutivo deja sobre la mitad de lo presupuestado sin ejecutar. ¿Por qué?

Lo explica perfectamente bien Bernardo Hernández, exdirectivo de Google y uno de los emprendedores e inversores que más éxitos acumula en el país, critica, sin embargo, que aquí pocos se salvan. ¿Qué falla? “Liderazgo para saber cómo invertir en I+D. No es problema de recursos, el problema es que estratégicamente no se sabe dónde invertirlo para conseguir unos retornos que tengan un sentido económico.” ¿Y de quién es entonces la responsabilidad? “Es más privada que pública, aunque la carencia de liderazgo de I+D es igual de problemático en el Ibex 35 que en el sector público. Muy pocas excepciones lo saben hacer bien”, señala. Y concluye: el peligro es que España siga básicamente como “un país de servicios con pocas ventajas competitivas técnicas”. De sol y playa, construcción, hostelería y restauración… cosas todas que acaban por atraer al crimen organizado.

Roberto Saviano lo explicaba perfectamente en 2017 en La Vanguardia, cuando explicaba que:

«Los españoles están convencidos de que en España no hay mafia, que es problema de los rusos, italianos.. cuando el tejido económico español está totalmente infectado. La crisis económica se generó por esto. La burbuja inmobiliaria ha sido causada por el blanqueo de capitales»

El autor ha culpado de esta situación al hecho de que no existe en España el delito de asociación mafiosa y por ello cree que es una «zona franca».

Según Saviano, la policía española hace un trabajo mayor que los jueces en su lucha contra este tipo de delincuencia

«porque esta está mucho más anclada al pasado: cuando la magistratura española empiece a investigar temas de blanqueo, España se despertará con una historia completamente diferente a lo que ha visto hasta ahora».

Tomemos como ejemplo el apartado del juego, y partamos del trabajo de investigación realizado por Luis Díez y Daniel Díez Carpintero. En pleno contexto de crisis financiera y económica, en la peor parte, por lo menos hasta el momento, en lo que a desempleo, aumento de la desigualdad y precariedad, se produce la expansión y legislación de las casas de juegos de azar y apuestas en España. Es en ese momento cuando Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo parlamentario del PP cuando se redacta la ley del juego online, que autoriza y legaliza, previa petición, a los operadores, en su mayor parte británicos, que venían operando antes, al margen de la ley, en alegalidad. Las apuestas online no están recogidas en ninguna ley hasta ese momento. La nueva ley estipula que esas empresas que actuaban con sede social en paraísos fiscales pasen a inscribirse, paguen una cuota y se les autorizaría a seguir con el negocio, y lo vienen a hacer en unas condiciones muy parecidas a las que tenían en estos paraísos fiscales, como la isla de Man, y en su lugar lo hagan en Ceuta y Melilla, tras unas reformas fiscales ad hoc. Pero, mientras tanto, al no tener sede social en España se las obliga a fijar su sede, a efectos de comunicación, en un bufete de abogados. La mayor parte de esos operadores, los 8 grandes, la fijan en el despacho de Cuatrecases. Es el despacho al que unos años después se incorporó Sáenz de Santamaría como socia. Y a su vez, las licencias las concede Sáenz de Santamaría como vicepresidenta de Rajoy en 2012. Por su parte, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, del que depende la ley, crea el regulador: la Dirección General de Ordenación del Juego. El despacho de abogados de Montoro también tramitó algunas de las licencias.

Siguiendo a los autores en su libro, «Jugad, jugad malditos«, Codere son fondos buitres estadounidenses. Era una empresa española creada por Recreativos Franco y los hermanos Sampedro. Sportium es del fondo buitre Blackstone, que ahora compra viviendas de segunda mano y públicas. Compraron Sportium a Cirsa, la empresa de Manuel Lao. Los únicos empresarios españoles ahora de uno de los grandes operadores son los gallegos González Fuentes, dueños de Luckia, y que aparecen como donantes de la caja B del Partido Popular. Según ellos están abiertos a recibir participaciones de quien haga falta para ampliar su presencia internacional. Luego hay otros grupos españoles como son Orenes, todos conectados al PP. En su caso, a través del actual secretario Teodoro García Egea, y también señalan Luis Díez y Daniel Díez que el jefe de ética del Partido Popular, Andrés José Ayala Sánchez, era socio y trabajaba como conseguidor para el grupo murciano Orenes. También están los vascos de RETA, con un fuerte componente político y cuentan con el favor del PNV. Está el caso del señor Roures, que quiso montar Carcaj, una operadora de apuestas. La lanzó pero fracasó y al cabo de un año desapareció. En cuanto al dominio del mercado online es indudable el papel de 888, Betfair, William Hill y alguno más. Y sobre todo los patrocinios. Para no verse afectados por el Brexit se han pasado a Malta, para pagar el mínimo impuesto posible. Al verse afectados por la posible prohibición de las apuestas, por lo menos en horarios ordinarios, compiten por adquirir el patrocinio de todos los equipos de fútbol. Entre patrocinios y publicidad estos operadores tienen tanto poder que manejan del orden de 300 millones de euros al año.

Así, de hecho, la ciudad de Madrid, con 362 locales, es el elemento más destacado dentro de la proliferación de estos negocios en la Comunidad de Madrid, con más de la mitad del global (685). Según el registro del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de la capital, que muestra la ubicación y licencia de cada una de las casas de apuestas, actualmente hay una veintena que no cumple con la distancia obligatoria de 100 metros con centros educativos, marcada en el decreto 42/2019, de 14 de mayo, sobre la regulación del juego. Pero el panorama es diverso al ser una competencia de las comunidades autónomas. Muchas de las normas autonómicas establecen distancias mínimas entre las casas de apuestas y los centros educativos, que oscilan entre los 400 metros de Murcia y los 100 de Madrid o Baleares. El proyecto de ley de la Comunidad Valenciana prevé un límite de 700 metros. Los lugares respecto de los que se establece la limitación también varían. Mientras el Gobierno madrileño lo circunscribe a centros de enseñanza no universitaria, Baleares incorpora parques públicos, pisos de acogida o dependencias deportivas. Otras también imponen restricciones en las distancias entre las salas de juego. Extremadura ha impuesto una separación de 250 metros, los mismos que en Baleares, con la excepción de Palma, donde se amplía a 500. Todas las regulaciones incluyen la obligación de establecer mecanismos de control para impedir el acceso a menores e incrementan las sanciones por quebrantar esa medida. Murcia, la comunidad con mayor proporción de salas de juego por habitante, ha paralizado provisionalmente el otorgamiento de licencias de apertura.

Los juegos de azar representan el 2,3% del PIB de España, más de 23.000 millones de euros al año según el informe del Ministerio de Hacienda (ejercicio de 2017). El subsector no ha dejado de crecer en el último lustro.

La parte económica se centra en destapar los intereses y personajes que están detrás de una burbuja con un margen de beneficio (y rentabilidad) del 11 al 45 por 100 del dinero que fluye por sus conductos. Fondos buitres, señores del juego en guerra unos con otros, financiación política, amaños, apaños y blanqueo de dinero negro de origen criminal completan la investigación.

Podemos comprobar, no sólo en el sur de Europa, también en otras partes que, tal y como se recoge en el libro Delincuencia, finanzas y globalización, editado por Armando Fernández Steinko, que el capitalismo financiero genera comportamientos delictivos independientemente de los individuos, se basa en una economía no real y depende de coyunturas, opiniones, contactos, imágenes, cercanías al poder, amiguismo, estafas y comportamientos fuera de la ley.

Al respecto, Rhoda Weeks-Brown, directora del Departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional, recogía en un artículo publicado por el propio FMI, elementos que son dignos de destacarse como los siguientes:

“La corrupción y la evasión fiscal dificultan que los gobiernos logren un crecimiento sostenible. La actividad criminal socava la autoridad estatal y exprime la actividad económica legítima. El lavado de dinero puede crear burbujas de activos en mercados como los bienes raíces”.    

Rhoda Weeks-Brown

Y señalaba en su artículo el mercado inmobiliario. De hecho, país, región o ciudad que presenta una burbuja inmobiliaria, turismo, hostelería, restauración, etcétera país que está vinculado a una suerte de «lavandería del mafioso moderno» a través de la compraventa de casas, en palabra de la señora Weeks-Brown.

Y no es, como decía propio de países en vías de desarrollo, o del sur de Europa. No, la funcionaria señala en su artículo lo siguiente:

“Los gobiernos de Australia, Austria, Canadá y otros países han llegado a la conclusión de que sus propios mercados inmobiliarios también podrían utilizarse para invertir y lavar dinero sucio”

Rhoda Weeks-Brown

Podemos señalar ciudades tales como Malmö o la propia Estocolmo. Suecia es un país que presenta desde hace más de veinte años una burbuja inmobiliaria continuada, donde el precio de la vivienda ha aumentado un 232%. En general, en Suecia se registraron 320 tiroteos con un saldo de 41 muertos y más de 100 heridos en 2019, obligando a Dinamarca a suspender de forma temporal el sistema Schengen en noviembre de 2019, para impedir la entrada del crimen organizado, tras que en agosto de 2019 una fuerte explosión destruyese una sede de la agencia tributaria en Copenhague, acción tras la que estaban el crimen organizado que opera en Suecia. De hecho, Ylva Ehrlin, analista en la unidad de protección contra bombas de la policía sueca, que ha observado la tendencia del uso de explosivos en Suecia desde 2013, afirma: “Ahora tenemos tantas explosiones en Malmö que se puede comparar con lo que ocurría en el País Vasco con ETA”, afirmó a la cadena pública SVT. Para todo ello, ver el siguiente enlace.

Conclusiones

Hace ya unos años, Norberto Bobbio, en el contexto de una reedición de las estimables obras de Gaetano Mosca, introdujo una lúcida reflexión que sirve para comprender más y mejor la cuestión. Norberto Bobbio toma una crítica que hace Mosca al mecanismo electoral-parlamentario. Bobbio explica de una forma sucinta que un joven Mosca, entonces con unos pletóricos 25 años cargaba contra la idea que transforma el mecanismo electoral simplificando a «mercado», y añadía lo siguiente:

«De lo que no se daba cuenta el joven Mosca era que el mal del que se lamentaba era inherente al sistema democrático en cuanto tal, más específicamente al sistema de la democracia representativa (…) La idea, por lo demás, nada nueva, de que la democracia pueda ser parangonada a un grande y libre mercado en el que la mercancía principal es el voto no es nada digno de exaltar; sin embargo, debe tenerse siempre presente para entender el comportamiento de los políticos, especialmente al aproximarse las elecciones. Al igual que el mercado económico, también el político se escapa a todo control que se le quiera imponer desde arriba y también desde este punto de vista la analogía es un hecho comprobado»

Norberto Bobbio. «Mercato politico», La Stampa (Torino), 3 gennaio 1983

El hecho de competir en la carrera electoral implica que, por la lógica de un dilema del prisionero, si uno de los actores concurrentes va a utilizar los medios extra para lograr la influencia necesaria para ganar las elecciones mediante la búsqueda remunerada de simpatías en medios de comunicación, personas concretas, mejores publicistas, etcétera. Es evidente que todo ello comporta un coste, y es evidente que, contando con un presupuesto y una prerrogativa normativa, el poder permite dar concesiones, contratos públicos, tomar decisiones, escoger proveedores, compañías que ejecuten obras o que concurran en la gestión de servicios variados. Es un simple quid pro quo.

Hablábamos en este artículo de los datos que publicaba La Vanguardia, de los que se desprendían varias cosas: un aumento en la inversión en I+D, también se puede apreciar que la única Comunidad Autónoma que se acerca al 2% (1,97%) es el País Vasco. Mientras, hay otras Comunidades, particularmente Baleares y Canarias que se hallan muy lejos de estas cifras. No obstante, la mitad de lo presupuestado no se ejecutaba, pues no había proyectos que concurriesen con éxito. Claro, resulta complejo cuando los distintos espacios de poder de España, donde el modelo de nuestras élites es el que ya se ha mencionado, con la excepción del País Vasco, y que destaca tal y como estamos viendo; pues bien, resulta complicado que nuestras élites quieran cambiar, y también que ciertos partidos políticos quieran cambiar la dirección económica de este país, pues dejarían de percibir presuntos ingresos que presuntamente luego compensarían con concesiones.

Tal y como mencionaba en el artículo Bernardo Hernández, exdirectivo de Google, es un problema de los sectores público-privado de España, pero la gran responsabilidad de este fracaso corresponde a la parte privada. Dicho de otra manera, el I+D es la gasolina, ¿dónde están las centrales generadoras, los motores, que queman esa gasolina para dar un rendimiento económico y social de retorno? Los datos muestran que en el País Vasco, único vector industrial-tecnológico, pero los datos demuestran que como motor, empieza a ir ahogado. Necesitamos más motores en España, y de mucha más potencia.

Efectivamente, el problema es público-privado, y la solución ha de ser pública-privada. Si hay ideas, hay que dirigir las actividades económicas principales hacia el sector industrial-tecnológico y entonces se podrá ejecutar la totalidad del presupuesto, con las implicaciones que eso tendrá en estabilidad laboral, mucho mejores salarios, más fortaleza social, reducción de la desigualdad y de la brecha de género.

No es un problema de la Unión Europea, es un problema de nuestras élites y del modelo financiero y de servicios y especulación escogido por nuestras élites.

Se requiere una serie de acuerdos, pactos y convenios desde el ámbito local, provincial, Comunidad Autónoma, Estados y Unión Europea. Si la Comisión Europea de Ursula von der Leyen no quiere fracasar en su proyecto de industrialización y energía verde, dados los recursos energéticos de España, la plataforma de altísimo valor geoestratégico, por no hablar de la riqueza mineral estratégica para la Unión Europea que se halla en el suelo de los territorios españoles, debe coordinarse y ejecutarse con un espíritu de unidad y globalidad, de principio a fin, con mecanismos de supervisión y coordinación en todas las instituciones. Dejar que cada Estado, y en el caso de España, dentro de España, cada Comunidad Autónoma haga su parte es poner al zorro a vigilar el gallinero.

FOTO DE PORTADA: De dominio público. Representa la superposición de los diferentes niveles administrativos en el caso de España, pues se percibe, la bandera de la Unión Europea, la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de España y por último la del municipio.

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